Por qué la Ley de Economía Circular es una oportunidad para proteger al planeta


La norma sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires busca el desarrollo sostenible sin generar impacto en el calentamiento global. Los detalles

El último siglo ha sido testigo de un desarrollo económico sin precedentes. Ese progreso, impulsado por la producción y el consumo, se ha encontrado con un obstáculo que se hace día a día más palpable: la degradación ambiental, que amenaza con sobrepasar los límites planetarios, de los que depende nuestro desarrollo futuro.

Hay una realidad ineludible: se consumen más recursos ecológicos de los que la Tierra puede regenerar en un año. De hecho, de acuerdo a la Global Footprint Network, el 29 de julio de 2019 se alcanzó el Día del Sobregiro de la Tierra, eso significa que para satisfacer nuestros niveles de consumo necesitamos extraer anualmente más recursos de la naturaleza es capaz de regenerar. Esa fecha se ha adelantado tres meses en los últimos 20 años. En 2019 fue la fecha más temprana de la historia.

Así las cosas, la mejora de la eficiencia de los sistemas existentes no serán suficiente para enfrentar los desafíos ambientales y sociales que se avecinan. Ello, en tanto que los modelos lineales están sujetos a precios fluctuantes, dependen del acceso a materias primas limitadas y contribuyen a la degradación del entorno.

Incluso, estos sistemas comienzan a afectar el desarrollo económico. Según el Banco Mundial y el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), la contaminación atmosférica le cuesta USD 225 mil millones a la economía mundial. Para el caso de la Argentina, el Banco Mundial también ha estimado que la degradación ambiental le cuesta a la Argentina un 8,11% de su PBI.

En ese sentido, resulta menester hoy, más que nunca, tener la creatividad y la audacia de idear nuevos mecanismos capaces de llevar a cabo políticas públicas que satisfagan las tres aristas del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental. Y para ello será fundamental que el Estado y el sector productivo puedan trabajar en conjunto, liderando la transformación de la sociedad futura que anhelamos.

La ciencia ha sido categórica al definir la crisis climática que vive el planeta. Nos quedan pocos años para reducir los efectos del cambio climático, y eso requiere de un cambio estructural motorizado por acciones políticas que sólo tendrá lugar si la población se une y moviliza para demandar transformaciones urgentes.

De esta manera, la crisis actual reviste una oportunidad para llevar a cabo un cambio profundo y sistémico hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Se deben modificar patrones de consumo y producción hacia unos más sostenibles.

Ahora bien, lo que está en disputa es el contenido de esa agenda ambiental de transición climática. El desafío más grande de la política ambiental es emparentar la reactivación económica y la reconstrucción del tejido social, con la agenda de la transición ambiental. Al hablar de residuos no estamos hablando sólo de contaminación y emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estamos hablando de creación de trabajo para sectores informales de la economía y de una batalla cultural para entender la basura como un insumo para la producción.

Con ello en mente, la economía circular se erige como una herramienta fundamental para lograr este cambio.

La economía circular supone reemplazar un sistema económico donde producimos, usamos y desechamos, por un sistema en el que el valor de los recursos, materiales y productos se mantengan dentro de la economía durante el mayor tiempo posible. Esto permite hacer un uso más eficiente de recursos que son limitados, reducir de este modo el impacto ambiental de su uso, y limitar la cantidad de residuos que generamos. La idea es que lo que hoy entendemos por residuo pase a ser un insumo para la producción.

¿Por qué la economía circular es fundamental en las ciudades?

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1970 el 63% de la población se concentraba en áreas rurales. Actualmente, el 55 % de las personas en el mundo vive en ciudades.

Según un estudio de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina la concentración es aún mayor. Un 81% de la población habita en ciudades. Y por supuesto que nuestro país no es la excepción: un 92% de la población argentina se concentra en centros urbanos. De acuerdo al INDEC, en AMBA se concentra el 37% de la población del país.

A eso hay que adicionar la concentración productiva, tal y como señala la ONU, las ciudades representan el 3% de la superficie del planeta pero representan entre el 60% y 80% del consumo de energía, y el 75% de las emisiones de carbono.

La Ley de Economía Circular promueve la inclusión de los principios de la economía circular en el diseño e implementación de políticas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda de Carbono Neutral 2050.

¿Cómo piensa hacerlo? La ley obliga al GCBA a realizar una Estrategia de Economía Circular. Este plan de gobierno deberá realizar un diagnóstico del sistema de producción y consumo de la ciudad, identificar áreas prioritarias para la transformación, y fijando objetivos sujetos a mediciones y revisiones periódicas.

Esta estrategia deberá abarcar todas las fases de la cadena de valor y del ciclo de vida de un bien, producto o servicio, lo que incluye las etapas de extracción y abastecimiento de recursos, diseño y producción, comercialización y consumo, así como la gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos. La ley apunta al ecodiseño, la innovación, la inversión y la creación de puestos de trabajo.

Por eso, esta estrategia deberá privilegiar, para el cumplimiento de dichos objetivos, la incidencia en fases tempranas del sistema de producción y consumo, y la búsqueda de ciclos técnicos y biológicos cortos priorizando el uso compartido, el mantenimiento, la reutilización, la renovación y el reciclaje.

Ahora bien, la confección de esta plan de gobierno, así como su implementación, deberá ser participativa y transversal a todas las áreas de Gobierno. Es por eso que la estrategia será confeccionada en el marco del Gabinete de la Economía Circular, cuya función será articular entre las distintas áreas el diseño y la implementación de las políticas. La idea es no reducir la política ambiental a un ministerio.

La ley contará con métricas de medición, las que deberán estar a disposición para su consulta, que le permitirán al Poder Ejecutivo trazar un camino, y a la sociedad civil efectuar un seguimiento en el cumplimiento de los objetivos dispuestos. Y se deberá elevar un informe anual a la Legislatura, para que el cuerpo legislativo pueda no sólo realizar un seguimiento efectivo de lo que se está haciendo, sino contribuir con el desarrollo de leyes complementarias que aborden los ejes y objetivos sectoriales que la estrategia se ponga.

En conclusión, la nueva ley planea consensuar políticas sectoriales e instrumentos capaces de favorecer la transición hacia una economía circular, de forma gradual y sin perjudicar a los sectores que tendrán a su cargo la transformación del modelo productivo y consumo. Esto abarca desde políticas de educación y concientización, hasta la creación de nuevos incentivos económicos, mecanismos de acceso a financiamiento internacional, marcos regulatorios y sistemas de certificación.

*Nicolás Gallardo es abogado y miembro de Jóvenes Por El Clima Argentina

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