Salir a las calles a defender la legalidad


El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, levantó la sesión extraordinaria convocada el jueves de la semana pasada para tratar el desbloqueo de las listas sábana y el control del financiamiento de las elecciones internas, debido a la ausencia de 51 de los 80 diputados o, mejor, al abandono del recinto por parte de los legisladores de la alianza carto-lugo-llanista. La bancada cartista, que la lidera, no tuvo el menor escrúpulo en anunciar que no daría quorum hasta que los colorados disidentes y los opositores no convaliden las actas de las sesiones irregulares del 14 de junio, en las que se modificó el reglamento interno de la Cámara para alterar la composición de su mesa directiva desde el 1 de julio, y se reemplazó, fraudulentamente, a sus representantes en el Consejo de la Magistratura (CM) y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) antes de que vencieran sus respectivos mandatos.

Tras la modificación del reglamento interno, el titular del cuerpo colegiado –todavía en funciones en ese momento– se negó a convocar de inmediato a una sesión extraordinaria para elegir a los futuros miembros de la mesa directiva, porque para ello se requería una sesión preparatoria. La convocatoria fue hecha, no obstante, por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ramón Romero Roa, que asumió de facto la presidencia del cuerpo legislativo, y así los coaligados contra el orden jurídico eligieron como nuevo presidente al diputado Pedro Alliana, a su vez titular del Partido Colorado y funcional al presidente Cartes.

Pero los atropellos no terminaron allí: en otra sesión extraordinaria igualmente “mau”, presidida por el propio legislador Romero Roa, los diputados Julio Ríos y Eusebio Alvarenga fueron destituidos a los apurones de su condición de representantes ante el CM y el JEM, contra claras disposiciones constitucionales y legales.

Es sabido que lo resuelto por un cuerpo colegiado no queda firme en tanto no sea aprobada el acta en una sesión venidera. Se entiende, pues, que los confabulados contra la Constitución, la ley y el reglamento tengan el mayor interés en que sus fechorías sean cohonestadas, más aún atendiendo que los diputados Ríos y Alvarenga promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad, en defensa de sus derechos.

El Senado llegó a convalidar la famosa sesión clandestina realizada bajo una presidencia usurpada por el senador Julio César Velázquez. Se preguntará por qué no hicieron lo mismo los diputados carto-lugo-llanistas, dado que cuentan con mayoría suficiente, y la repuesta es que no quieren ser tan brutos como sus compañeros de “ideales” de la Cámara Alta: prefieren esperar a que el diputado Velázquez concluya su mandato a fin de mes, para ratificar después las irregularidades cometidas.

Las actas no pueden ser aprobadas porque se refieren a resoluciones tomadas en sesiones extraordinarias nulas. Los actos nulos son inconfirmables y deben considerarse inexistentes, restableciéndose la situación anterior a su dictamiento en la medida de lo posible. Aparte de quebrantar la Constitución y la ley, las remociones de los dos diputados referidos violaron el reglamento interno de la Cámara, de modo que tienen un incorregible vicio de origen.

Cuanto viene ocurriendo en el Congreso revela que el contubernio montado para atropellar la Constitución en beneficio del presidente Horacio Cartes y del senador Fernando Lugo –con la complicidad del grupo liberal presidido por el senador Blas Llano– continúa contra viento y marea y que se extiende a otras cuestiones que nada tienen que ver con el propósito inicial. Se llegó al colmo de que la Cámara Alta haya aprobado un proyecto de ley que grava la exportación de granos en estado natural, presentado por la bancada de Frente Guasu, contra la oposición de amplios sectores de la producción y hasta de la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez. Si el titular del Poder Ejecutivo no le pidió su opinión antes de instruir a sus títeres, es porque estima mucho más importante mantener a toda costa el acuerdo forjado en contra del interés nacional por la peligrosa triple entente, aun cuando el cartismo pisotee su pública oposición a dicho proyecto. Nada pone más claro que el interés personal y grupal vale más que el nacional.

Habrá que ver hasta dónde llega esta embestida contra la legalidad y el sentido común.

Por de pronto, todo indica que la entente carto-llano-luguista está dispuesta a imponer a toda costa una agenda política que solo responde a la ambición de poder de sus líderes. Se ignoran sus detalles, pero es evidente que pretenden ocupar todos los espacios políticos, parcelándolos de acuerdo al conocido cuoteo. La integración de la mesa directiva de ambas Cámaras del Congreso con legisladores de los tres grupos complotados, así como la nominación de un “cartista” y de un “llanista” como representantes de los diputados en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, son signos elocuentes de que la malhadada enmienda constitucional solo fue la primera fase del asalto a las instituciones. Si existen diferencias “ideológicas” entre Horacio Cartes, Blas Llano y Fernando Lugo, ellas son mucho menos relevantes que el propósito de controlarlo todo. La futura presa será, sin duda, el Ministerio Público: la mayoría asegurada en el Consejo de la Magistratura, con el senador “llanista” Enzo Cardozo y el diputado “cartista” Clemente Barrios, hace presumir que el próximo fiscal general del Estado será del gusto de los citados líderes y, en particular, del Primer Mandatario.

Es preciso que los ciudadanos y las ciudadanas se den cuenta de que estos gobernantes y políticos desvergonzados están parcelando el Paraguay para sus intereses privados, y que, como ya lo hicieron valientemente en ocasiones anteriores, se decidan nuevamente a plantarse en las calles y en las plazas contra los nuevos descarados proyectos de estos totalitarios que pretenden apoderarse de la Nación entera.

abc

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