“Más allá de ser socios, hay que dar garantías en APP”


Experto chileno habló de las oportunidades y experiencias de esta normativa.

El desafío principal para el éxito de los proyectos con la Ley de Alianza Público-Privada (APP) es que el gobierno, más allá de ser socio, debe dar las garantías necesarias a los inversionistas, manifestó Mario Cuevas Valdés, ex funcionario del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) de Chile.
El experto comentó la experiencia de su país en el desarrollo de la infraestructura con esta normativa, durante un desayuno que se realizó ayer en el hotel Granados Park, por los 20 años de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).
El profesional manifestó que “lo que pueden hacer es la garantía del subsidio, ingresos mínimos, entre otros. Esto genera mejor negocio para el privado y, por otro lado, también libera espacio presupuestario del estado que no participa en la propiedad de los proyectos”, indicó.
Cuevas Valdés enfatizó que las APP constituyen un factor determinante para el desarrollo de los países, al promover soluciones de infraestructura de lo socialmente rentable. También destacó que es una herramienta socialmente justa porque reivindica el concepto básico del que usa, paga.
Por ejemplo, si el Estado desarrollara una carretera entre Asunción y Encarnación con los impuestos de todos los paraguayos, finalmente el que vive en Ciudad del Este también paga por esa carretera. “Con la APP solo va a pagar por la carretera el que efectivamente la usa, por tanto, es muy justo, socialmente”, argumentó.

GRAN HERRAMIENTA
En este sentido, el presidente de Cavialpa, Guillermo Mas, comentó que en Paraguay “tenemos buenos aunque pocos ejemplos de asociaciones público-privadas exitosas y queremos aprender de quienes han tenido mayores y muy variados éxitos en estas áreas. Creemos que las APP son una herramienta muy eficaz para conseguir en poco tiempo la infraestructura que el país necesita”, aseveró.
Cuevas Valdés agregó además el rol protagónico que deben tener los principales actores por el lado del gobierno que, en caso de Paraguay son tres: el Ministerio de Hacienda, que destina los recursos; la Secretaría Técnica de Planificación (STP), que debería velar por estos proyectos para que tengan una rentabilidad social, y el MOPC, que es el que tiene que liderar el proceso.

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